Aunque los documentos hallados están referidos a solo unos meses del año 1980, estos son suficientes para dar cuenta de la magnitud de las operaciones que realizaba el organismo de inteligencia de la dictadura, no solo por la [1] vigilancia de la población a través del control e infiltración de organizaciones sociales, sino también por los enormes recursos que gastaba en sus operaciones.
Eso es lo que está registrado en los papelografos en cartulina referidos a los presupuestos de la CNI, que a moneda de hoy contaba con recursos superiores a los 80 millones de dólares para operaciones. Entre estas hay varios cuadros en los que se menciona el "Proyecto C", desglosado en las "acciones" A, B y C, y en "cursos de acción". En esta documentación -que formó parte de los cuadernos investigativos del juez Hugo Dolmestch- también está el registro del organigrama de la CNI a inicios de los 80, y su dependencia del general Augusto Pinochet.
El acta de incautación del material indica una serie de elementos -algunos curiosos, como puzzles sin realizar y citas a comidas- y una libreta con los números de agentes de la CNI en la administración pública; pero el contenido de la libreta no se encuentra en los informes policiales ni judiciales. En su momento, el arquitecto Miguel Lawner, que dirigía las obras de reparación en el inmueble que ocupó la CNI, dijo que la libreta contenía una extensa lista de agentes, su ubicación en cada ministerio y sus respectivos teléfonos. Lawner no sabía, según dijo, si los nombres consignados en la libreta eran verdaderos o falsos, pero ahí estaban y ahora la libreta y la informacion que contenía ha desaparecido.
El hallazgo de un pasaporte diplomático a nombre de quien llegó a ser director de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE), Eugenio Covarrubias Valenzuela, plantea una serie de interrogantes sobre sus usos. El documento y los sellos de salida e ingreso son auténticos, sin embargo la foto del documento no corresponde al titular. El peritaje policial indica que el pasaporte del entonces agregado militar en Colombia fue adulterado, removida la foto original y pegada la de otra persona. Lo que hace suponer que un pasaporte diplomático fue usado clandestinamente por la CNI; ahí está la evidencia.
Ver informe policial y judicial sobre hallazgo de documentos de la CNI
Desclasifican un Archivo de la CNI
Una extensa red de vigilancia a la ciudadanía, las organizaciones sociales y políticas, así como a quienes se oponían a la dictadura queda al descubierto al revisar el Archivo de la CNI que ha sido publicado hoy por Londres 38, espacio de memorias, y la Fundación Salvador Allende.
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Se trata de 429 documentos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el organismo represor de la dictadura que reemplazó a la DINA, hallados en el 2005 cuando trabajadores realizaban labores de recuperación arquitectónica en la casona de República 475, donde la CNI tuvo su cuartel general y que hoy es ocupada por la Fundación Salvador Allende y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. El hallazgo permite comprobar -como hemos insistido en el desarrollo de la campaña No Más Archivos Secretos- que aún existen y es posible recuperar archivos creados por la represión. La búsqueda de estos documentos es importante para conocer más verdad sobre los crímenes de la dictadura, así como avanzar en las causas judiciales que permitan castigar a los responsables de estos delitos. La apertura de los archivos de la represión -tal como hicimos en junio pasado con las fichas de la Colonia Dignidad- es también el ejercicio del derecho de la ciudadanía a conocer la información que fue acumulada para la vigilancia de la sociedad chilena. Por ello, junto con abrir este Archivo de la CNI manifestamos nuestra firme decisión de seguir buscando los documentos faltantes de este conjunto que, como se supo en su momento, fue incautado por la Policía de Investigaciones y luego entregado al juez Hugo Dolmetsch. Le corresponde al magistrado explicar cómo ha usado este archivo en sus investigaciones judiciales, así como definir la forma en que devolverá este archivo histórico para su conocimiento público. Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech) que reúnen declaraciones de las propias víctimas y diversos documentos, a los cuales se les impuso arbitrariamente 50 años de secreto a pesar de ser información necesaria para esclarecer lo sucedido, hacer justicia y castigar a los culpables. No Más Archivos Secretos |
Archivos aun en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia
En Chile, existe una normativa para que las instituciones públicas transfieran sus documentos al Archivo Nacional, una vez que éstos han cumplido los plazos de permanencia en sus oficinas o archivos de origen. Esta norma permite asegurar la conservación del patrimonio documental nacional, y ponerlo al servicio de la comunidad, garantizando el acceso a la información pública.
No obstante, según lo establece una ley dictada en 1989, las instituciones como el Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, de Orden y seguridad Pública están eximidas de la obligación de transferir sus documentos, y están autorizadas, por una normativa interna, a eliminarlos con la sola autorización directa de una jefatura superior, sin ampararse en la normativa nacional.
Como ejemplo, basta revisar la circular interna que entrega instrucciones para la destrucción de documentos a Carabineros, disponible en el sitio web institucional.
Estas prácticas, que poco colaboran a la conservación del patrimonio documental (más aún cuando se vinculan con documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos), se reafirman con la excepción para el acceso a la información que se aplica en virtud de la ley de transparencia a las solicitudes que, a criterio del receptor, "afecten la seguridad de la nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública".
Considerando el tiempo transcurrido y que estos organismos construyeron archivos y produjeron gran cantidad de información en el periodo de dictadura cívico militar, demandamos al Estado su desclasificación y, en caso de haber sido destruidos, dar a conocer los elementos que lo acreditan.
Algunas investigaciones que han sacado información a la luz, son las realizadas por la publicación Asociación Ilícita. Los archivos secretos de la dictadura, de Carlos Dorat Guerra y Mauricio Weibel Barahona, en Chile. Y a nivel internacional el trabajo realizado por el National Security Archive institución que archiva y publica documentos desclasificados por el Gobierno de los Estados Unidos relacionados con la política exterior de dicho país.
Documentos por encontrar
El terrorismo de estado utilizó el secreto como forma de garantizar la impunidad. Para mantener el secreto fue necesario ocultar las huellas de los crímenes, por esa razón la dictadura negó persistentemente la existencia de archivos sobre la represión, aunque existe abundante evidencia de que esos archivos existieron y que no fueron destruidos, al menos no en su totalidad.
Aunque durante los gobiernos civiles tampoco se investigó, sabemos que parte importante de esos archivos fueron conservados y se encuentran aún en poder de diversos organismos del estado. La experiencia de otros países como Argentina, Paraguay y Brasil demuestra que las dictaduras no destruyeron todo y que, en algunos casos, se conservaron archivos completos.
Entre los documentos a los que demandamos acceder están los que han sido mencionados por los agentes represores en sus declaraciones judiciales. Es lo que afirma en declaraciones judiciales Eugenio Fieldhouse, funcionario de investigaciones que, durante los años 1974 y 1977, quien cumplió labores en el archivo de la Dirección de Inteligencia Nacional en Londres 38 y luego en Villa Grimaldi, ex Cuartel Terranova, donde llevaba un registro de detenidos del mismo cuartel.
También, en una de sus declaraciones judiciales, el coronel (R) Marcelo Moren Brito --quien estuvo a cargo de dicho recinto--, afirmó que "todos los datos quedaban registrados en un microfilm (...). Toda agrupación tenía documentos mimeografiados o fichas, donde aparecían datos completos de los detenidos como la fecha, hora, motivo, quien lo acompañaba. Así se cumplía una orden de la Dina en el sentido de que había que exigir a todo jefe de grupo la ficha de detención o libertad".
