Como se sabe, la detención de los desaparecidos fue primero negada: se dijo que permanecían en la clandestinidad, que estaban fuera del país, que habían muerto producto de rencillas internas, e incluso, que algunos de ellos no tenían existencia legal. Ante los numerosos testimonios de los sobrevivientes, en muchos casos se estableció judicialmente la detención pero, como las investigaciones apuntaban a miembros de las FF.AA. y policiales, las causas fueron sistemáticamente traspasadas a la justicia militar y luego sobreseídas o amnistiadas.
En 1991, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, fue el reconocimiento oficial de parte del Estado de la condición de detenidos desaparecidos de las víctimas. Sin embargo, en lo sustantivo, este Informe no aportó nueva información. Los procesos que se iniciaron o reabrieron, no tuvieron mejor suerte que los del periodo anterior. Esa fue "la justicia en la medida de lo posible".
Más consecuencias tuvo la detención de Augusto Pinochet en Londres, hecho que marcó un hito en el derecho internacional y puso en cuestión las distintas formas de impunidad favoreciendo un cambio, aunque limitado, en los tribunales chilenos. Observados por la comunidad internacional los jueces abandonaron la aplicación de la amnistía, pero comenzaron a beneficiar a los acusados con la "media prescripción", argucia que permitía aplicar penas menores a las que exigía la gravedad de estos delitos, eximiendo a los condenados del cumplimiento de las penas privativas de libertad. Otras iniciativas como la Mesa de diálogo, en 1999, tampoco aportaron información verdadera sobre la suerte de las personas detenidas desaparecidas, y sí varias cuya falsedad se comprobó posteriormente.
Después de más de 25 años desde el término de la dictadura la impunidad persiste. El estándar definido por los gobiernos civiles en materia de verdad y justicia ha sido una medida muy mezquina, y en los casos de desaparición forzada la verdad simplemente no ha sido establecida. Solo se han encontrado e identificado los restos de poco más de un centenar personas, de un total de 1.193 casos de desaparición forzada. Tampoco han sido muchos los casos en los cuales, no habiéndose encontrado los restos, sí se ha podido establecer el proceso completo de secuestro, asesinato y ocultamiento de los cuerpos, así como la responsabilidad de los ejecutores, cómplices y encubridores.
Durante los últimos años, la inmensa mayoría de las causas por desaparición forzada se ha cerrado sin obtener avances sustantivos ni información nueva. Si bien en muchos de estos casos los familiares han recibido indemnizaciones --lo cual constituye un importante avance respecto del pasado reciente--, ello no es suficiente ni puede reemplazar una verdad y justicia plenas, y constituye apenas un simulacro de justicia.
Especialmente escasos han sido los avances referidos a las personas detenidas desaparecidas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la Región Metropolitana, durante el año 1974, a pesar de ser este el año que registra la mayor cantidad de víctimas desaparecidas (218) de toda la historia represiva de la dictadura.
El poder judicial tiene una gran responsabilidad en este estado de cosas pero no es el único puesto que las responsabilidades son compartidas. Las autoridades políticas que han gobernado y legislado durante las últimas dos décadas han sustentado un pacto, consensuado con los representantes de los victimarios, donde la política de "reconciliación" ha posibilitado la persistencia de un poderoso sistema institucional de encubrimiento e impunidad de los crímenes de lesa humanidad, que se ha mantenido inalterado hasta hoy.
Por ello es necesario impulsar nuevas acciones en distintos ámbitos: ante la justicia, de manera de dar continuidad a los procesos investigativos; ante las autoridades políticas a fin de exigir un nuevo estándar en materia de verdad y justicia; ante los organismos internacionales para denunciar el incumplimiento del Estado chileno de sus compromisos; y ante la sociedad, que solo se ha hecho parte de esta demanda de una manera limitada.
Por ello exigimos:
- Una política activa del gobierno para exigir la información que aún poseen miembros de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia, a fin de terminar con el sistema de encubrimiento institucional y los pactos de silencio que, desde el Estado, los protegen.
- Apoyo a la labor de seguimiento de las causas judiciales que realiza el Programa de Derechos Humanos, incluyendo la posibilidad de presentar querellas por secuestros y torturas.
- Designación de más jueces con dedicación exclusiva en causas por crímenes de lesa humanidad y fortalecimiento de los órganos auxiliares de la justicia, como la Brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos, de la PDI.
- Aprobación por el Congreso de la indicación al proyecto de ley sobre libertad condicional que excluye del beneficio a los criminales condenados por violaciones a los DDHH.
- Desclasificación de los archivos en poder de los órganos de la administración del Estado relacionados con la represión, entre ellos, los de la Comisión de verdad y reconciliación, y de las comisiones sobre prisión política y tortura; y aquellos archivos de la represión que sabemos que aun se conservan en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligenciaexiste abundante evidencia de que esos archivos existieron y que no fueron destruidos, al menos no en su totalidad.
- Derogación de la Ley 18.771, de 1989, que exime a las fuerzas armadas, de orden y seguridad, de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional, y les autoriza a eliminarlos.
- Creación de una instancia permanente para recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, a fin de dar cuenta del verdadero alcance del terrorismo de estado en Chile.
- Fin a la justicia militar.
- Término de la criminalización de la protesta social y de la impunidad en el presente.
